Puerto Rico evalúa subir a 21 años la edad legal para consumir alcohol a partir de 2029
La Cámara de Representantes de Puerto Rico evalúa una medida que cambiaría significativamente el marco legal del consumo de alcohol en la isla. El Proyecto de la Cámara 1083, presentado por el Representante Joel Franqui Atiles del Distrito 15, propone prohibir la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de 21 años a partir de enero de 2029, alineando a Puerto Rico con la legislación vigente en Estados Unidos.
Actualmente, Puerto Rico mantiene la edad legal para consumir alcohol en 18 años, una diferencia que durante décadas ha marcado la dinámica social, turística y comercial del país. De aprobarse, la nueva legislación crearía la Ley para la Protección de la Juventud y Control del Consumo de Bebidas Alcohólicas, que incorporaría multas, sanciones para comercios reincidentes y campañas educativas preventivas.
La medida establece multas de hasta $2,500 por la primera infracción y de hasta $5,000 por reincidencias, además de la posible revocación permanente de las licencias de establecimientos que violen la ley de forma reiterada. También requeriría una verificación estricta de identificación con foto en los puntos de venta.
Desde una perspectiva económica y cultural, el cambio tendría efectos directos en varios sectores. Puerto Rico recibe anualmente miles de turistas menores de 21 años provenientes de Estados Unidos, particularmente estudiantes universitarios y viajeros jóvenes, quienes actualmente pueden consumir alcohol legalmente en la isla. De aprobarse la medida, esa diferencia regulatoria desaparecería, igualando la experiencia con la que ya cuentan en sus estados de origen.
Los negocios ubicados en zonas universitarias, áreas turísticas y centros urbanos, incluidos bares, cervecerías, restaurantes y eventos multitudinarios, también tendrían que ajustar sus operaciones, controles y expectativas de consumo. Para la industria cervecera artesanal, esto refuerza una tendencia ya visible: la diversificación de ofertas, que incluye opciones sin alcohol, bebidas de baja graduación alcohólica y experiencias que no giran exclusivamente en torno al consumo.
Los proponentes del proyecto argumentan que el cambio tendría un impacto positivo en la salud pública y la seguridad vial, además de reducir pérdidas fiscales estimadas en decenas de millones de dólares anuales debido a la falta de uniformidad legal respecto de Estados Unidos. La medida también contempla un periodo de transición de varios años para permitir ajustes en los comercios, las agencias gubernamentales y las campañas educativas.
De aprobarse en la Asamblea Legislativa y convertirse en ley, la nueva edad mínima entraría en vigor en enero de 2029, lo que marcaría uno de los cambios más importantes en la política pública relacionada con el alcohol en Puerto Rico en las últimas décadas.
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