¿Es suficiente subir la edad legal para beber a 21 años en Puerto Rico? Lo que dicen (y no dicen) los datos
La discusión sobre elevar a 21 años la edad mínima para consumir alcohol en Puerto Rico sigue cobrando fuerza. Sin embargo, al examinar con mayor detenimiento los datos que alimentan este debate, surgen matices importantes que no deben pasarse por alto.
Como parte de esta conversación, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito comisionó el Alcohol-Impaired Driving Survey 2024, preparado por StratSol. El estudio se realizó con una muestra de 504 personas, un margen de error estimado de ±4.4% y un nivel de confianza del 95%. Aunque metodológicamente válido, se trata de una muestra relativamente limitada si se considera la diversidad poblacional, cultural y generacional del país.
Un dato clave es que el 42.96% de la muestra se concentra en personas entre 35 y 44 años, dejando fuera, en gran medida, a segmentos centrales para este debate, como jóvenes adultos, universitarios y poblaciones cercanas al umbral de edad legal. Este desequilibrio no es menor: la generación que domina la muestra no es Gen Z ni adultos jóvenes, sino personas con hábitos de consumo más definidos y una relación distinta con el alcohol.
En ese contexto, resulta llamativo que el porcentaje de personas que reportan consumo de alcohol sea relativamente bajo, especialmente en un país donde el consumo social de alcohol ha sido históricamente parte del tejido cultural, desde celebraciones familiares hasta actividades comunitarias. Una muestra con mayor peso en poblaciones más jóvenes podría reflejar patrones distintos de consumo, de percepción del riesgo y de cumplimiento de la ley.
A esto se suma otro conjunto de datos que aporta un contexto indispensable. Entre 2019 y 2023, Puerto Rico registró 1,446 muertes por choques de tránsito, de las cuales 457 estuvieron relacionadas con conductores en estado de embriaguez, lo que representa un 32% del total. En términos prácticos, casi una de cada tres muertes en carretera estuvo vinculada al alcohol, una proporción que se mantiene constante al ampliar el análisis al periodo 2014–2023.
Durante esa década, las fatalidades asociadas al alcohol han superado, en promedio, las 90 muertes anuales, alcanzando un pico alarmante en 2018 con 129 casos. Aunque en años recientes se observa una leve reducción, 96 muertes en 2023, cerca del 31% del total anual, el promedio móvil de cinco años sigue apuntando a un problema estructural más que a incidentes aislados. La reducción gradual podría reflejar avances en educación, legislación y fiscalización, pero no necesariamente un cambio profundo en la conducta.
Los datos judiciales preliminares refuerzan esta lectura. Entre 2021 y 2024, se radicaron 14,080 casos por manejo en estado de embriaguez, con 9,137 convicciones, lo que equivale a una tasa aproximada de 65%. El aumento sostenido en casos radicados, de 888 en 2020 a más de 4,000 en 2023 y 2024, sugiere dos escenarios posibles, no excluyentes: mayor fiscalización o mayor incidencia del delito. En ambos casos, el volumen confirma que el manejo bajo los efectos del alcohol sigue siendo una constante en la isla.
Un elemento adicional que merece atención en este debate es el Proyecto de la Cámara 1083, la medida radicada para elevar la edad mínima para consumir alcohol en Puerto Rico a 21 años. Al revisar su exposición de motivos, llama la atención que no se citen cifras concretas ni datos estadísticos específicos que evidencien una problemática directamente atribuible a personas menores de 21 años y justifiquen ese cambio de edad.
La exposición se apoya principalmente en argumentos generales de salud pública y prevención, pero no presenta evidencia local que conecte de forma clara el consumo de alcohol en menores de 21 años con aumentos de accidentes fatales, con convicciones por manejo bajo los efectos del alcohol o con patrones de consumo problemáticos. Tampoco se incluyen comparativos históricos ni análisis por grupo de edad que permitan evaluar si el marco legal actual es insuficiente o si el problema radica en su aplicación.
Esta ausencia de datos resulta particularmente relevante al contrastarla con la información disponible sobre choques fatales y casos de manejo en estado de embriaguez, en los que no se especifica la edad de los conductores involucrados. Sin ese desglose, resulta difícil sostener que elevar la edad legal atacará directamente la raíz del problema, en lugar de desplazar la atención de factores igualmente, o incluso más, determinantes, como la fiscalización, la educación y el cumplimiento de la ley.
En ese sentido, el Proyecto de la Cámara 1083 parece responder más a una intención preventiva amplia que a una política pública basada en datos locales sólidos. En un tema tan complejo y culturalmente arraigado como el consumo de alcohol en Puerto Rico, la ausencia de evidencia específica en la exposición de motivos debilita el argumento a favor de un cambio legislativo de esta magnitud y refuerza la necesidad de un análisis más profundo, contextualizado y basado en realidades medibles.
Sin embargo, persiste un vacío crítico en toda esta discusión: la ausencia de datos desglosados por edad de los conductores ebrios involucrados en accidentes fatales o en convicciones. Sin esa información, resulta difícil establecer una relación directa entre la edad legal para consumir alcohol y su impacto real en la seguridad vial. No sabemos cuántas de esas 457 muertes entre 2019 y 2023 estuvieron vinculadas a conductores menores de 21 años, ni si la mayoría corresponde a adultos con acceso legal al alcohol desde hace años.
Aquí entra un elemento que conecta directamente con la experiencia cotidiana en Puerto Rico: el problema no es únicamente la edad legal, sino el cumplimiento de la ley. En pueblos del centro de la isla y en centros urbanos fuera del área metropolitana, no es raro observar menores consumiendo alcohol sin que se les solicite identificación, sin intervención policial y sin cuestionamiento por parte de los adultos. Esta normalización ocurre a plena vista y evidencia fallas serias en el cumplimiento.
Desde esa perspectiva, elevar la edad legal sin fortalecer los mecanismos de fiscalización podría tener un impacto limitado. Solicitar identificación, validar correctamente la edad y aplicar consecuencias reales a establecimientos y adultos responsables sigue siendo una de las herramientas más efectivas para reducir el consumo ilegal, pero hoy se aplica de manera inconsistente.
Más que un debate numérico, esta discusión debería abrir espacio a una reflexión más profunda sobre cómo se fiscaliza, a quién se fiscaliza y con qué consistencia. Sin datos que representen adecuadamente a las poblaciones más relevantes y sin una aplicación real de las normas vigentes, cualquier cambio legislativo corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico más que en una solución efectiva.
En un país donde el consumo de alcohol forma parte de su realidad social, la conversación no puede limitarse a subir una edad en papel. La clave está en hacer cumplir las reglas que ya existen y en construir políticas públicas basadas en datos amplios, representativos y contextualizados a la realidad puertorriqueña.
